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Las Palmas cuida a la discapacidad

“Las Palmas es una de las provincias de España en las que con mayor interés se está aplicando la Convención” para las personas con discapacidad, según Carlos Ganzemuller, fiscal delegado del Tribunal Supremo.

Fuente: Canarias Social

“Las Palmas es la provincia en la que con más respetuoso cariño se están tratando de resolver problemas muy difíciles que se están planteando ante una legislación española muy consolidada y una norma internacional de una potencia extraordinaria que nos viene a cambiar el paradigma de la protección a las personas con discapacidad. En buena parte de los juzgados de España se va aplicando ya la convención”. Así comenzó el Ilmo. Sr. D. Carlos Ganzenmuller, Fiscal Delegado ante el Foro de Justicia y Discapacidad de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la conferencia que ha tenido lugar esta tarde en el marco de las Jornadas sobre Discapacidad y Ley de Autonomía Persona y Atención a la dependencia, que se celebran en el Edificio de Usos Múltiples de la capital grancanaria, y que están organizadas por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y Juris Vegueta.

Ganzenmuller recordó que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es norma constitucional y derecho español desde el 3 de mayo de 2008. “Va a ser la norma de referencia. Establece unas medidas de control y vigilancia internacional”.

Por ello, el Fiscal del Supremo considera “necesario” abordar una modificación en la legislación interna. Explicó que la reforma está pendiente aún desde el punto de vista actual, labor que está llevando a cabo la Fundación Aequitas, que ha presentado un informe de conclusiones en el marco de la convención sobre las personas con discapacidad, que está siendo estudiada en Las Cortes, informó Ganzenmuller.

“Es la convención del siglo XXI, la norma internacional más perfecta que se ha hecho. Ha sido firmada por 16 países. Se trata del derecho individual de cada persona de acceder todas las personas serán iguales ante la ley. Lo que antes se diferenciaba como capacidad jurídica y capacidad de ejercicio (de actuar), se unifica ahora en un solo concepto que se llama capacidad jurídica. A aquellas personas que no puedan ejercitar debidamente sus derechos se le proporcionara un apoyo adecuado a sus circunstancias para tener igualdad de condiciones que los demás”.

La convención –según explicó- conllevará la nueva creación de formas de apoyo. “Hay muchas personas con discapacidad que no requieren de apoyo, pero al mejor a terceras personas o familias sí les interesa llevar a la madre a la residencia, vender acciones, vender un piso…En este caso no es necesario, entiendo yo, nombrar un tutor, sino un apoyo para que pudiera realizar este acto. Pero no se puede considerar incapacitación”, detalló.

“No es igual la situación de la discapacidad hace 15 años que ahora. Hoy la autonomía de la voluntad debe promocionarse hasta donde puede ser”, dijo. Tras proyectar en el salón de actos una foto de un coche de policía aparcado indebidamente en una lugar destinado a discapacitados, añadió: “Esto requiere una reflexión profunda sobre la relación con las personas con discapacidad que tienen que ser respetados”.

El fiscal precisó que “Los derechos laborales de las personas con discapacidad están siendo abordados con muchísimo acierto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. En los derechos laborales ha sido minucioso en el reconocimiento de las personas con discapacidad”.

Por eso hemos, informó de que se ha elaborado una Guía de Buenas prácticas, con textos de referencia para que nos demos cuenta de la importancia de esta materia de las personas con discapacidad.

Edificios de las Administración Pública

“La Administración debe plantearse las infraestructuras de sus edificios. Es cierto que, cuando se proyectan as nuevas instalaciones o reformas, el principio de accesibilidad universal está presente. Recomendamos que desde las Fiscalías se inste a las gerencias para que se adapten los locales de la Administración de Justicia a los requerimientos de las personas con discapacidad y sus familias”.

Situación actual y pronóstico de futuro

“Ahora vienen personas discapacitadas muy mayores que me preguntan ¿qué va a ser de mí cuando mi madre ya no esté? La mayor parte de los procesos de incapacitación, estimada en un 85%, responden a mujer, mayor, con una enfermedad de Alzheimer casi siempre. Cuando hablamos de la tutela plena, regulada o controlada a través de incluso planes de tutela, se pueda determinar al tutor lo que tiene que hacer, coadyugar a que ese apoyo que el juez ponga tenga un seguimiento en todo el proceso”, matizó durante su intervención.

Datos 2010

La estadística refleja que a nivel de España las diligencias informativas de discapacitación de una persona llegaron casi a las 25.000 personas. Ganzenmuller aportó otros datos como:

– Demandas presentadas por el Fiscal: 16.128

– Demandas instadas por particulares: 9.334

– Expedientes de tutela y curatela: 11.713

– Expedientes de internamiento por trastornos psíquicas: 49.126

– Según la última estadística que maneja Ganzenmuller, sólo un varón de cada seis se declara cuidador de una persona con discapacidad. (de ahí que destaque a la mujer como apoyo base de las personas con discapacidad)