“Canarias es la segunda comunidad en la que menos se invierte en Servicios Sociales”

Koldobi Velasco (ACRR y Redesscan) advierte que el gobierno de Canarias miente al anunciar un incremento en políticas sociales cuando aplica un recorte de más de 43 millones

Fuente: Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza


Koldobi Velasco, miembro de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) y destacada activista social, analizó los presupuestos de la comunidad autónoma de 2012 y las recientes afirmaciones de la consejera Inés Rojas y considera terrible que se acometan drásticos recortes en áreas muy importantes para la ciudadanía como Sanidad y Cultura mientras el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reserva para sí unos 50 millones de euros.

Koldobi Velasco dijo que es necesario comparar esos 50 millones que Rivero se guarda para asitencia técnica y asesores con los apenas 20 millones que se dedican a la Prestación canaria de inserción, cuando hablamos de partidas destinadas a aportar un mínimo ingreso a las personas que menos recursos tienen para subsistir, dicho lo cual explica que se trata de un mínimo ingreso porque mantiene a la gente bajo el umbral de la pobreza y porque sólo atiende a unas 7.000 personas en todo el archipiélago cuando debería hacerlo a más de 725.000.

Advierte que esta comparativa refleja cuál es la prioridad presupuestaria del gobierno que dirige Paulino Rivero, porque mientras los discursos de los representantes del gobierno van por un lado, buscando el titular fácil con frases como el gobierno de las personas, la realidad va por el lado contrario demostrando que lo prioritario para este Gobierno no son precisamente las personas.

Explica que tras hacer un riguroso análisis de los presupuestos para los servicios sociales puede afirmar que en política social el gobierno canario aplica un importante recorte del 14% para 2012, que el total de millones que se deja de invertir en servicios sociales alcanza los 43 millones, lo que debemos sumar a los recortes aplicados el pasado año, lo cual suma más de un 30%, realidad muy distinta por lo tanto al mensaje oficial que se vende en los grandes medios de comunicación que sólo buscan manipular a la ciudadanía.

Velasco recuerda que Canarias es la segunda comunidad autónoma del Estado en la que menos se invierte en servicios sociales, de modo que el gobierno invierte 126 euros por habitante y año, cantidad que considera de auténtica ridiculez. En este sentido, sostiene que Inés Rojas ha planteado en los últimos días que una vez restado lo que se recorta resulta que la inversión en políticas sociales sube, lo que supone una gran mentira puesto que una partida presupuestaria que se recorta es imposible que se incremente.

Por otro lado, indica que desde el Gobierno se ha comunicado que para los servicios sociales básicos se dedican 70 de cada 100 euros, incluyendo en esos servicios sociales básicos la justicia, seguridad, servicios sanitarios, vivienda, educación, cultura, deportes, empleo y acción social, pero dentro de todas esas partidas la acción social tiene una dedicación de 3 euros, con lo que se demuestra que ocupa para este ejecutivo un puesto totalmente marginal.

Otro desmentido que hace es sobre las declaraciones de Rojas sobre el hecho de que el Plan concertado no sólo se mantiene, sino que se aumenta. En este sentido, explica que este Plan, que se corresponde con los derechos que tenemos los ciudadanos a tener unos servicios sociales en cada pueblo, donde una parte del presupuesto está subvencionado por el gobierno del Estado con una partida de 4,5 millones de euros, que está dentro de un programa de coordinación y planificación de acción social tiene un aumento ridículo de 4.000 euros, cuando hablamos de que bajan partidas como el programa de planificación y apoyo a los servicios sociales con nada más y nada menos que 600.000 euros.

Koldobi Velasco advierte que es mentira que el Plan concertado aumente sus partidas como ha dicho Inés Rojas, por lo que deja de seguir contribuyendo este gobierno canario a que haya servicios sociales en nuestros pueblos y barrios.

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Artículo: Orientar la política social hacia plazas en residencias genera trabajo y favorece la economía

Expertos analizan la atención a personas dependientes bajo el prisma del trabajo social desde distintos ámbitos: servicios sociales de base, Diputación, hospitales y Universidad. Según Francisco Solórzano, presidente de Regepris, la atención a personas mayores supone un retorno monetario para el sistema público. Los impuestos financian la atención social: si una residencia en Bizkaia cuesta unos 2.126 euros, lo que finalmente paga el ciudadano son 526 euros. La atención social en las residencias genera empleo, negocio y contribuye al ahorro del coste sanitario y farmacéutico.

Fuente: noticiasmedicas.es

La política social que se lleva a cabo en las residencias de mayores mediante plazas concertadas o prestaciones económicas vinculadas a este servicio tiene un efecto positivo en las administraciones públicas como consecuencia del retorno económico que reciben. Es una de las conclusiones de la conferencia “Retornos económicos en la atención a las personas mayores dependientes”, impartida por Francisco Solórzano, presidente de Regepris (asociación de residencias privadas del País Vasco), durante la Jornada de Trabajo Social en el Ámbito de las Personas Mayores Dependientes que se celebró el viernes 18 de marzo, a partir de las 10.00 horas, en la sede del Colegio de Médicos de Bizkaia.

Se trató de una cita de trabajo multidisciplinar, centrada en el trabajo social que se desarrolla en la atención y cuidado de las personas mayores. Organizada de forma conjunta por la Fundación Urrats, el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia.

“Los trabajadores sociales son agentes clave en la atención a personas dependientes, cada uno desde su ámbito. Desde los servicios sociales de base que están en la primera línea hasta la Diputación, pasando por los hospitales, el Instituto tutelar o la Universidad, tan importante en la formación de los profesionales”, explica Iratxe Landeta, directora de la Residencia Olimpia de Bilbao y miembro de la Fundación Urrats.

La presentación  a cargo del diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto, junto a Carmen González, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales e Iratxe Landeta. Los expertos que participarón en la jornada hicieron  un recorrido histórico en la atención a las personas mayores y analizarón los retos de la atención social en los hospitales y el papel del trabajo social a la hora de dar el alta a una persona mayor, entre otros temas.

Los impuestos financian la atención social.

El dinero público sostiene el sistema. Y el ejemplo es claro: una plaza en una residencia de Bizkaia cuesta unos 2.126 euros mensuales. Si se tiene en cuenta el retorno del IVA del 4%, la cotización de los trabajadores (seguros sociales que pagan las empresas), la cotización del trabajador en su nómina, el IRPF del trabajador y los impuestos de sociedades (sobre el 10% de la facturación), la cifra final de ese esfuerzo económico es equiparable a unos 526 euros de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. “Esa cantidad es la que realmente paga el ciudadano vasco por esa plaza”, apunta Solórzano. Aunque esos retornos a las administraciones no son equitativos “y eso dificulta la implantación de una política asistencial”.

Son esos impuestos, a través de las distintas administraciones, los que en último término financian los distintos recursos en la atención a personas mayores dependientes. Pero la política social tiene otros efectos indirectos en la economía. Tal y como explica Solórzano, este sector de atención a dependientes genera negocio en empresas de servicio ligadas a los centros (por ejemplo, lavanderías, catering, restauración, limpieza, suministros eléctricos, etc.). Además, este sector genera empleo, pese a la crisis, con profesionales que trabajan en la atención a mayores dependientes. “Orientar la política social a las plazas concertadas en residencias genera puestos de trabajo, consolida los existentes y favorece la actividad económica”, apunta.

En sus conclusiones el presidente de Regepris ha mencionado que las residencias de mayores contribuyen también al ahorro del coste sanitario, ya que estos mayores usan menos consultas en Atención Primaria, menos asistencia médica domiciliaria y menos ingresos hospitalarios (ya que las residencias tienen su propio servicio médico y de enfermería). Además, se ahorra en gasto farmacéutico. “En el sector de residencias estimamos que entre el 30 y 40% de los fármacos prescritos son genéricos, frente a un 10 ó 15% en Atención Primaria”.

Francisco Solórzano también se ha referido a la Ley de Dependencia y a las cuantías que el Estado da a los cuidadores de estas personas. En su opinión, se trata de un gasto público que no supone un retorno para las arcas públicas y que no tiene en cuenta las circunstancias del cuidador.

Impulsar la investigación en el ámbito de la dependencia.

Esta jornada que ha promovido la Fundación Urrats aborda el ámbito de las personas mayores desde el trabajo social; no obstante esta Fundación abre su acción a la dependencia en todo su contexto. Urrats nace con el fin de convertirse en un catalizador para compartir, desarrollar y expandir el conocimiento. La Fundación Urrats tiene como objetivo aglutinar a profesionales e instituciones públicas y privadas, así como a empresas y cualquier otra entidad implicada en la atención, asistencia y cuidado de personas dependientes.

Entre sus fines destaca promover la prestación de servicios sociales destinados a personas mayores; impulsar la investigación en el ámbito de la dependencia; promover la formación de los recursos humanos en este sector y fomentar los servicios de atención personalizada; asesorar a las instituciones públicas y privadas en la mejora de la salud y calidad de vida de las personas dependientes y crear distintos foros de debate para analizar los retos que demanda la sociedad en materia de asistencia a personas dependientes.

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Otra ronda de noticias de interés

Al volante no hay discapacidad”

Algo tan cotidiano como conducir no siempre resulta fácil y menos para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud define este concepto como cualquier restricción o ausencia para realizar una actividad al margen de lo considerado normal para un ser humano. Este término no debe confundirse con el de minusvalía que conlleva una desventaja a consecuencia de una discapacidad. Así, la funcional no tiene porque implicar una minusvalía a la hora de guiar un vehículo o realizar cualquier otra actividad, algo en lo que hacen hincapié las personas afectadas que, gracias a las adaptaciones adecuadas, pueden moverse en coche tan bien como los demás.

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“La Generalitat concede ayudas a 25.000 familias para instalar un ascensor”

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha facilitado durante la pasada legislatura la instalación o renovación de su ascensor a 25.000 familias de la Comunitat Valenciana, con ayudas a comunidades de propietarios de 1.700 edificios.

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“El copago es castigar a los enfermos”

Entrevista a Ana Pastor, responsable de política sanitaria del Partido Popular.

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