Manifiesto de las Mujeres con Div. Funcional de Europa

El presente Manifiesto es una recopilación de recomendaciones destinadas a mejorar la vida de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea. Se basa en la revisión de las recomendaciones del Seminario de Expertos de la ONU sobre Mujeres con Discapacidad celebrado en Viena en 1990. El grupo de estudio sobre la mujer frente a la discapacidad, apoyado por la DG V/E.3 de la Comisión Europea y establecido en el marco del programa HELIOS II, revisó el documento durante el segundo semestre de 1996. Este mismo grupo, convertido ahora en el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la Discapacidad del Foro Europeo de la Discapacidad, adoptó el Manifiesto el 22 de febrero de 1997, en Bruselas, y tratará de aplicarlo. Han contribuido de manera especial a la elaboración de este documento: Anneli Joneken (editora), miembro del Consejo Nacional Sueco de Personas con Discapacidad (HSO), y Maria Brättemark, miembro de la Secretaría del FED. (Extracto del Prefacio).

Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad de Europa

Adoptado en Bruselas el 22 de febrero de 1997 por el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la Discapacidad del Foro Europeo de la Discapacidad.

Revisión de las recomendaciones del Seminario de Expertos de las Naciones Unidas sobre Mujeres con Discapacidad celebrado en Viena en 1990, y aplicación de las Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Carta a la sociedad española

La ONU y los discapacitados

Fuente: elpais.com

Parece obvio, pero no lo es: las personas con diversidad funcional (discapacidad) también tenemos derechos humanos. Y en España no se respetan.

El Gobierno Español afirmó en Ginebra que en nuestro país se ha avanzado mucho en el terreno de los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Yo tengo una diversidad funcional -paraplejia- y me sentí respaldada al saber que el relator de Naciones Unidas opinaba que en España no se ha avanzado tanto.

La asociación SOLCOM lo demostró en Ginebra y lo demuestra a diario: en España los niños con diversidad funcional no pueden estudiar en colegios ordinarios y son relegados a guetos llamados colegios de educación especial que fomentan la discriminación y frenan su desarrollo. En vez de potenciar la autonomía personal se potencia la dependencia y hay casos de malos tratos.

Una persona con diversidad funcional no puede viajar sola en avión ni ser miembro de un jurado popular. Faltan sobredosis de accesibilidad universal, en muchos lugares sigue sin haber cuartos de baño adaptados, etcétera.

Nuestro país ratificó en el año 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Diversidad Funcional). Pero han pasado tres años y sigue sin cumplirla.

Somos muchos los ciudadanos que necesitamos que nuestros derechos humanos sean una realidad. Porque yo quiero tener derecho a una muerte digna, pero antes de que me llegue la muerte quiero una vida digna. Ahora no la tengo.

Ronda de noticias

La ONU pide a España más trabajo para las personas discapacitadas

Asociaciones de discapacitados acusan al Gobierno de no aplicar la Convención

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CERMI lleva a España ante la ONU por la esterilización forzosa de personas con discapacidad

Fuente: Europa Press

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunciará ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España por permitir que se esterilice forzosamente a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Según ha informado la organización, aunque el Código Penal español castiga la esterilización forzosa, la excepción es el caso de las personas con discapacidad declaradas incapaces por un juez, que pueden ser intevenidas contra su voluntad si así lo determina un proceso judicial.

“Esta previsión legal constituye una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad ya que en ningún supuesto, ni aun con intervención judicial, una persona puede ser esterilizada sin su consentimiento”, explica el CERMI, para pedir que se “destierre” este precepto con “urgencia”.

Asimismo, recuerda que desde la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, el CERMI ha venido exigiendo reiteradamente al Gobierno la derogación de esta posibilidad, sin que hasta el momento haya prosperado.

“La plataforma de la discapacidad planteará ante la ONU esta vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para que investigue la situación y recomiende a España la supresión de la esterilización forzosa mediante la modificación del Código Penal”, explica.

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La adaptación normativa de la Convención de la ONU sobre discapacidad supera el primer trámite en el Senado

Fuente: Europa Press

La Comisión de Sanidad y Política Social del Senado ha rechazado este jueves incorporar enmiendas al proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ha aprobado así en la redacción dada por el Congreso y que supera así el primer trámite en la Cámara Baja y queda a la espera de votación en el Pleno.

La Comisión, en la que previamente había comparecido la ministra del ramo, Leire Pajín, ha omitido el debate sobre las 30 enmiendas presentadas al texto por el Grupo Popular, el Grupo de Senadores Nacionalistas, la Entesa y CiU, ya que los distintos portavoces han preferido dar sus propuestas por defendidas. En una votación en bloque, todas han sido rechazadas.

El proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad incorpora, entre otras novedades, una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual para que las comunidades de vecinos realicen las obras de accesibilidad hasta un límite cuyo importe no exceda las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En concreto, establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.

Esta obligación no se aplicará cuando la unidad familiar a la que pertenece alguno de los propietarios tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso, impidan que el coste anual de las obras supere el 33 por ciento de sus ingresos anuales.

El proyecto normativo introduce cambios en otras diez normas, como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.

También sufrirían cambios la Ley sobre Extracción y Transporte de órganos, Ley General de Sanidad, Ley básica reguiladora de autonomía del paciente, Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, Ley de calidad del sistema nacional de salud, Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley sobre Protección Civil, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Ley de Contrato de Seguro.

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Adaptación normativa de la Convención de la ONU sobre discapacidad

Dos noticias aparecidas el 21 de julio en www.europapress.es

El Congreso da luz verde a la adaptación normativa de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por el que las comunidades de vecinos donde viva o trabaje una persona con discapacidad tendrán que realizar las obras para hacer accesible el inmueble y financiarlas hasta un importe equivalente a 12 meses de la cuota ordinaria de gastos comunes. En la actualidad, el máximo que tenían que aportar era tres meses de recibo de la comunidad.

En la votación en la Cámara Baja se han rechazado las enmiendas remitidas desde el Senado al artículo 10 así como al apartado dos del artículo 17. De este modo, se ha aprobado reconocer las lenguas de signos españoles y regular los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, con el objetivo de facilitar el acceso de estos colectivos a las telecomunicaciones y a los medios de comunicación social.

Durante su debate en el pleno, la diputada de Convergencia i Unió Concepción Tarruella ha mostrado la satisfacción de su grupo con el texto por la incorporación de distintas enmiendas, entre ellas una que considera “clave” para las personas con discapacidad, la que recoge la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para elevar el tope de 3 a 12 mensualidades la cuantía en obras de adaptación de viviendas que tendrán que pagar las comunidades de vecinos. Dicha enmienda del Senado al artículo 14 ha sido también aprobada.

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El CERMI aplaude la adaptación normativa de la Convención de la ONU por ser “un paso importante”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expresado su “satisfacción” por la aprobación en el Congreso de la Ley de Adaptación Normativa de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, medida que considera “un paso importante”.

Para el CERMI, gracias a esta Ley, “las personas con discapacidad y sus familias disponen de más derechos, apoyos y recursos legales para combatir las discriminaciones y desigualdades y ejercer la plena ciudadanía y mejorar su proceso de inclusión social”.

A su juicio, se trata de “un primer paso de alcance en un proceso que tiene que seguir necesariamente en el futuro de ajuste del ordenamiento jurídico español a los principios, valores y mandatos del Tratado Internacional de la Discapacidad”.

Además, la plataforma valora el “amplio” consenso alcanzado en la aprobación de la Ley y agradece al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios el “propósito de entendimiento y cooperación” que ha presidido el trámite tanto en el Congreso como en el Senado y que ha permitido que la discapacidad “gane posiciones en la agenda política y legislativa”.

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