Fiscal advierte a Enseñanza que debe respetar derechos alumnos discapacitados

Fuente: abc.es

Un escrito del Fiscal de Menores, Juan José Márquez, incoa diligencias preliminares de protección del menor Sergi E.A., que asiste al citado colegio, cuya dirección le ponía impedimentos para participar en actividades de grupo a causa de su autismo.

El Colectivo Papàs de l’Àlex, al que los padres de Sergi solicitaron ayuda, pidió la intervención del Fiscal por la negativa del colegio a llevar de colonias al menor.

Un informe médico del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus indicaba que el niño padece una psicopatología que no le incapacita para participar en actividades de grupo, por lo que el Fiscal informa a la escuela y a Enseñanza de la “obligación de respetar los derechos del niño y de las responsabilidades penales en las cuales pueden incurrir” en caso contrario.

El presidente del citado Colectivo, Antonio Moreno, ha indicado hoy a Efe que, a raíz del escrito del Fiscal, Enseñanza ha dispuesto una cuidadora para el menor y éste ha podido partir hoy mismo de colonias junto a sus compañeros a un albergue para disfrutar hasta mañana de actividades en la naturaleza.

El citado Colectivo ha expuesto también este caso a la Dirección General de Educación Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, a la que ha solicitado la apertura de un expediente administrativo a la escuela “para depurar las responsabilidades pertinentes”.

Este colectivo recuerda que la Ley de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y en la Adolescencia en sus artículos 3, 13, 42 y 50 recoge los derechos de todos los menores y los deberes de las administraciones públicas con ellos.

En concreto, en el artículo 15.2 de la citada norma se señala que los “poderes públicos deben adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para evitar que el contenido esencial de los derechos de los niños y los adolescentes quede afectado por la falta de recursos adaptados a sus necesidades”.

Moreno ha considerado que numerosas direcciones de escuelas catalanas utilizan “la excusa” de que no tienen personal suficiente para no integrar a los alumnos discapacitados en actividades fuera del centro escolar, una situación que el departamento no afronta con la suficiente diligencia, a su juicio.

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Crimen ¿compasivo?

Tres niños de 3, 9 y 14 años fueron asesinados esta semana, al parecer por una trabajadora del “centro de acogida de menores discapacitados motrices” de Boecillo (Valladolid) en el que los menores estaban recluídos. Según relata El País, la asesina los asfixió con bolsas de plástico, y destaca bajo el titular que “Los investigadores creen que podría tratarse de un homicidio compasivo”. Para que comprendamos por qué destacan esta hipótesis, los periodistas señalan que el centro estaba destinado a “niños que sufren discapacidad”, y que “los tres fallecidos presentaban movilidad reducida entre el 78 y el 90% ”

Me sobrecoge una extraña sensación, a medio camino entre el escalofrío y el vómito, al preguntarme cómo es posible que en la cadena humana que va de los investigadores al editor, pasando por los periodistas, nadie haya sido consciente del poso filonazi que contiene enviar a la sociedad el mensaje de que un asesinato por odio al diferente pueda visualizarse como un acto compasivo. Los niños no “sufrían discapacidad”, tenían un cuerpo que funcionaba diferente a la media estadística (diversidad funcional), lo que sufrían era discriminación y falta de apoyos para la igualdad de oportunidades. Conservo como oro en paño un “certificado de minusvalía del 91%” que me expidieron de pequeña, y ahora que me acerco a los 40 puedo afirmar con conocimiento de causa que la diversidad funcional no tiene por qué acarrear sufrimiento. Eso sí, la cosa empieza a joderse cuando te miran y describen en función de lo que “no puedes hacer por ti mismo” (si usted cree que “hace cosas por usted mismo, sin la ayuda de la comunidad” deténgase un instante a pensar cómo obtiene alimentos, agua, ropa, energía, vivienda, educación…) y va empeorando a medida que se te niegan los apoyos necesarios para vivir como el resto de niños y niñas. O bien se te arrincona en una institución o bien te convierten en una carga descomunal para la familia (sea ésta propia o de acogida) Se ha recogido en prensa que una ex-trabajadora del centro de reclusión estaba tramitando la adopción de uno de los niños asesinados. ¿No es razonable pensar que si se ofreciese a las familias (propias o de acogida) los apoyos profesionales suficientes los niños y las niñas podrían crecer fuera de las instituciones? En un ambiente desinstitucionalizado y sin ser convertidos en pesados fardos para la familia esos niños y niñas podrían haber crecido tan felices como cualquiera. No haber tenido esas posibilidades es sufrir discriminación y falta de igualdad de oportunidades, eso es lo que sufrían y no “una discapacidad”.

Hay dos indicios que, a mi entender, apuntan poderosamente en la dirección del crimen por odio al diferente. En primer lugar, la Historia; venimos de un pasado reciente en el que se orquestó un programa sistemático de exterminio de personas con diversidad funcional que luego se extendió a otras minorías. Sin embargo, siendo las primeras víctimas, resultaron las más olvidadas y menos reconocidas, investigadas y reparadas por los regímenes posteriores. Subsiste en el imaginario colectivo esa mirada que visualiza la diversidad funcional como un problema personal, algo que reduce el valor de la vida humana hasta resultar prescindible, o como mínimo desechable en instituciones segregadas. Hay trazas sutilísimas de esta minusvaloración de la vida de las personas con diversidad funcional en todo el entramado sociocultural y político, baste como ejemplo el plazo diferente para interrumpir el embarazo según las características funcionales del nasciturus.

La segunda razón para aventurar la hipótesis de “odio al diferente” me surge de las entrañas. Imagino a la asesina, imbuida de un poder absoluto sobre esos cuerpos, acostumbrada a manejarlos cómo, cuándo, dónde y para lo que le parezca, envolviendo sus cabezas en bolsas de plástico, sosteniendo firmes las manos impertérrita a los gritos, a las convulsiones…y no soy capaz de apreciar en ello el más mínimo atisbo de acto compasivo, tan sólo una violencia extrema fruto de un odio incontenible, subterráneo y atávico que se desata al encontrar momento y lugar apropiados.

Ángel García (el padre Ángel), presidente de Mensajeros de la paz, ONG que gestiona el centro de reclusión en colaboración con la Junta de Castilla y León, verbalizó otra hipótesis que estoy seguro ha pasado por la mayoría de cabezas que se han ocupado de esta tragedia; “Son actos que sólo pueden obedecer a la locura”. Una vez más, pasamos por alto la evidencia científica de que las personas con enfermedad mental NO son estadísticamente más violentas que el resto de la población y reforzamos el estigma que recae sobre este grupo humano desde tiempos inmemoriales. Para más inri, el propio presidente de Mensajeros reconoce que la asesina jamás había solicitado una baja por motivos psiquiátricos ni había presentado “comportamientos anómalos”. No hay ninguna buena razón para inclinarse por la hipótesis del “acto de locura”.

Finalmente, también se ha apuntado como posible explicación de los hechos el llamado síndrome de burnout, un estrés intenso y prolongado que se genera en el ámbito laboral. Sin embargo, esta hipótesis no parece ser suficientemente sólida si tenemos en cuenta que el centro de reclusión cuenta con instalaciones modélicas, tiene capacidad para seis menores y sólo albergaba a tres, y la asesina tenía un contrato estable desde hacía cinco años.

Según informa El País, la Consejería de Familia de Castilla y León insiste en la idoneidad del centro y tiene intención de reabrir el mismo “en cuanto sea posible”. Alguien debería pensárselo dos veces. No sólo porque no es la primera vez que se produce un asesinato en un centro de reclusión de Castilla y León gestionado por Mensajeros de la paz (Zamora, 4 de marzo de 2003), si no porque hechos como la recientemente iniciada investigación de la Fiscalía General del Estado de Holanda sobre el presunto asesinato de 34 menores internados en un psiquiátrico católico muestra que no existe la “buena residencia”. Cuando se colectivizan la intimidad  (no poder decidir quién, cuándo, cómo y para qué toca mi cuerpo), los espacios personales (no poder decidir dónde ni con quién vivo, quién cuándo, cómo y para qué está en mi domicilio) y los tiempos de la cotidianidad (no poder decidir cuándo me acuesto, levanto, cago, ducho, follo, duermo, despierto, visto, desvisto, entro, salgo, me pierdo, me encuentro…) estamos dinamitando el mismísimo núcleo de la dignidad humana y generando un ambiente de desigualdad de poder propicio para que se desencadene la violencia basada en el odio al diferente.

La Administración española, en todos sus niveles y gobernada por todos los colores políticos, hace caso omiso de la Recomendación CM/Rec(2010)2 del Comité de Ministros sobre la desinstitucionalización y la vida en comunidad de los menores con discapacidad, que pide a los gobiernos “tomar todas las medidas legislativas, administrativas y otras apropiadas para adherirse a los principios establecidos en el apéndice de esta recomendación para sustituir los servicios residenciales por servicios comunitarios dentro de un calendario razonable y un enfoque global”. Una muestra palpable del desinterés y la desidia por abordar la desinstitucionalización de las personas con diversidad funcional es el hecho de que la ley ómnibus para adaptar la legislación española a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no incluye ninguna reforma para hacer efectivo el derecho a la vida independiente y a ser incluído en la comunidad (artículo 19 de la Convención) Y ello pese a que la Ley de Autonomía Personal (Ley de Dependencia) está vigente desde 2007 sin haber conseguido dotar a la ciudadanía de una alternativa real para evitar acabar en una institución o al “cuidado amoroso” de la familia. Lejos de transformar las situaciones de dependencia en independencia, la Ley de Dependencia hace honor a su nombre oficioso facilitando, promoviendo y perpetuando la institucionalización de las personas con diversidad funcional en residencias y en el ámbito familiar.

Ya para acabar, por favor, no se crean eso de que “es una cuestión de costes económicos”. En primer lugar, por un principio de “precaución e higiene mental”; esos son parte de los mismos argumentos que la propaganda nazi utilizó para justificar el exterminio de personas con diversidad funcional. En segundo lugar, porque es falso. Una plaza en un Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) tiene un coste de 4.000 a 5.000 euros mensuales. En cambio, el Ayuntamiento de Barcelona desarrolla desde 2006 un proyecto piloto de vida independiente que tiene un coste medio de 2.500 €/mes (oscila entre 1.000 y 5.000 según las necesidades de apoyo de cada persona) Entonces, ¿qué demonios pasa? ¿por qué no cumplimos con las recomendaciones de la UE sobre desinstitucionalización y con los compromisos adquiridos con la ONU en materia de derechos humanos de las personas con diversidad funcional? La respuesta es compleja, pero la tragedia de Boecillo puede darnos algunos indicios sobre las (sin)razones que lo explican: un sustrato sociocultural y político que minusvaloriza la vida de las personas con diversidad funcional reduciéndolas en expectativas y necesidades a las mismas que podría tener una vaca en un establo, la falsa creencia de que existe “la buena residencia”, la desidia política en toda su gama ideológica, la incapacidad manifiesta de la Administración en todos sus niveles, la connivencia de buena parte del movimiento asociativo que se ve atrapado en la necesidad de mantener nóminas y devolver préstamos, el desinterés de los organismos y entidades de defensa de los derechos humanos, la alienación que siglos de discriminación y opresión sistemática han generado sobre las personas con diversidad funcional, etc. Es una tarea colosal la que tenemos por delante, pero más allá de los días de luto oficiales y de la compulsiva necesidad de restaurar el orden establecido sin analizar con rigor y coraje las causas estructurales de este tipo de tragedias, alguien debería empezar a mover ficha. ¿Qué tal si la Ley de Igualdad de Trato que se está tramitando en el Congreso incluyera entre sus medidas de prevención de la discriminación un plan con calendario y presupuesto que implementase la Recomendación CM/Rec(2010)2 ?