Prácticas profesionales para estudiantes con diversidad funcional

DKV Integralia, Fundación para la integración laboral de personas con discapacidad oferta dos puestos en prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad de diferentes titulaciones, que tengan al menos el 50% de los créditos de su plan de estudios superados.

Para participar en el proceso de selección, es imprescindible que se envíe junto al CV, el expediente académico justificando haber superado el 50% de los créditos de la titulación (grados, diplomaturas y/o licenciaturas)al inicio del presente curso o estar matriculado/a en cursos de especialización o máster de la UNED en el curso académico 2011-2012. Los interesados deberán enviar su candidatura a empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto el nombre de la empresa.

Más información de esta convocatoria en la sección de Prácticas en Empresas de la página web de UNIDIS

Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad (Carmen Morán en El País)

Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad

Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan – Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas – Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social

Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educación y la sanidad-. La crisis les está dando la razón con abundancia, porque justo en estos años en que se redoblan las carencias, los que temían pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusión; en momentos en que el desempleo vacía la nevera y muestra su cara más amarga a los jóvenes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas… Justo ahora, los servicios sociales están pasando más hambre que nadie.
“Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado”, critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.

Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que mantenían las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales “están reduciéndose o, directamente, no se renuevan”, afirma Lima. “Es fácil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en épocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situación deficitaria”, dice. En paralelo, asistimos a “una visión asistencialista, paliativa, un parcheo aquí y allá, donde surge la necesidad. Eso es más propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones benéficas privadas, pero los servicios sociales son mucho más que eso”, afirma Lima.

Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidió que la familia no debía seguir sosteniendo su precaria situación económica acudió a la asistente social en busca de una renta básica de inserción. “Al principio no me hacía mucha gracia, la verdad, me daba la impresión de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pensé, -y mis hermanos me convencieron-, que si existían estos organismos, y si estaban para eso… Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, ‘esto me lo he ganado’. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya sé que también es con mis impuestos, pero…”.

Los servicios sociales, además, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserción, que ronda entre 400 o 500 euros, según los casos y las comunidades autónomas, requiere algo más que pasar por una débil situación económica. “Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella está en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios”, dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan también a redactar currículos, preparar entrevistas de trabajo… “Y ahora, en septiembre, empezarán los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos”, señala.

Todas esas funciones de acompañamiento, análisis de la situación, relaciones con otros servicios, como el educativo, el de la vivienda, el sanitario, son parte de las tareas que desempeñan los trabajadores sociales. Dar solución completa a situaciones complicadas.

Están para ayudar a encontrar empleo, insistir en que los hijos deben estar escolarizados, negociar cambios de vida, buscar la mejor solución formativa, resolver convivencias conflictivas. “Eso no se puede despachar con una simple ayuda económica, ni montando un comedor social”, dice Lima, por más que la situación de crisis requiera medidas de urgencia, que también hay que atender, incluso de forma prioritaria.

Las cifras indican, desde luego, que las necesidades, algunas primarias, están multiplicándose: la petición de una renta básica, como la que pidió Nuria a sus 54 años, separada, sin trabajo, se han incrementado más de un 30% y hay colas para solicitarlas. También las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% o más en algunos lugares. Prueba de todo ello es que el número de personas que se acercan a la ventanilla de los servicios sociales públicos en busca de apoyo, económico o de otra clase, creció un 36% en 2009, hasta alcanzar casi ocho millones de usuarios.

Que cientos de esos casos se estén derivando hacia ONG y organizaciones benéficas indica en qué condiciones están los servicios sociales, justo cuando más se necesitan. “La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI”, critica Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

“Lo que es indignante es que se diga que España no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto público social cuando los datos muestran que el gasto público social es mucho más bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza económica. El PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de esos países. Si fuera el 94% nos gastaríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar”, explica Navarro. Cree que los recursos existen “pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, económicos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus homólogos en la UE de los 15”, critica.

“Desde luego, volver al asistencialismo no es la solución”, comienza Miguel Laparra, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Tampoco cree, a pesar de los negros datos que revelan los estudios que ha efectuado, que “la máxima prioridad sea todavía la comida”. “Lo que sí está poniendo de manifiesto la crisis es la debilidad del sistema de garantía de ingresos. No hay garantías para esa gente que ya no cobra nada. Eso es lo que se tendría que hacer seriamente. Revisar las rentas de protección por desempleo, las no contributivas, y las rentas de garantías de inserción. Un sistema que cubra las necesidades por completo”, afirma. Las comunidades autónomas, dice, han aumentado esas rentas, “pero partían de niveles de desprotección, que apenas cubrían nada. Si la gente tuviera esos mínimos garantizados, los servicios sociales podrían trabajar con más eficacia y tranquilidad. Además, encontrar vías para financiarlo no es difícil y es barato”, asegura. Para Laparra, la forma más digna, de más calidad y menos estigmatizante es salvaguardar el capital humano. “Obligar a la gente a ir a un comedor social, sea de quién sea, siempre es un proceso de destrucción de la dignidad que pasa factura”, dice.

Así lo cree la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, por eso lamenta que algunos Ayuntamientos crean que haciendo un comedor social pueden suplir la labor de los servicios sociales. “Pretender que un servicio público sea el que reparta comida es equivocarse. Nosotros damos bonos para que la compren en el supermercado, no se debe mandar a toda una familia, con hijos, a comer al comedor social. Colgarles la etiqueta de pobres, gratuitamente, solo porque hayan perdido el trabajo. Hay pobres, claro, en realidad hay varios perfiles, los comedores sociales tienen sus usuarios y los tendrán siempre”.

Los que trabajan en las redes sociales tampoco creen que desmantelar los servicios sociales públicos conduciéndolos hacia tareas asistencialistas sea la solución. “El papel del tercer sector debe ser complementario, pero la responsabilidad pública es fundamental”, dice el responsable de Estudios de Cáritas España, Francisco Lorenzo. “El objetivo de unos y de otros debe estar relacionado con la promoción, la conquista de la participación y el empoderamiento de estas personas, no solo con la subsistencia”, asegura. Pero lo cierto es que tanto unos como otros están más dedicados a lo último, los primeros porque no dan abasto y por falta de presupuesto para otras tareas más de fondo, y los segundos porque están viendo como una avalancha de gente acaba en las organizaciones sociales derivadas de los servicios sociales públicos.

¿Justifica una situación de crisis, por más feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o más bien debería ser al contrario?

“Para volver a la beneficencia, por más que alguien lo pretendiera, se necesitaría cambiar la Constitución. El artículo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental. La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho”, dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acción Social, del Instituto Nacional de Acción Social y del Inserso. “En la crisis de 1973, la del petróleo, los trabajadores que se quedaban en paro adquirían su cartilla de beneficencia. Esas familias pasaban a ser pobres, si necesitaban sanidad iban a hospitales de caridad, los hijos a escuelas especiales, había orfanatos, los gitanos tenían sus escuelas en los poblados… Todo un sistema de caridad organizado para los menesterosos. Esa población quedaba en la marginación institucional. Había una cobertura social para los que trabajaban y tenían ingresos y la beneficencia pública para los pobres”, recuerda De las Heras.

Para financiar toda aquella caridad del Estado no servían los impuestos, se recurría a las tómbolas, casas de juego, espectáculos variados, circo, toros, teatro, quinielas. Aquello se acabó. “El pacto social es sencillo, el ciudadano sostiene al Estado con sus impuestos, y el Estado prioriza y sostiene al ciudadano cuando tiene necesidad de educación, sanidad o de una renta básica. Si eso no se respeta se deslegitima el Estado, nos cargamos la democracia y el pacto social que la sustenta. El ciudadano debe saber que está protegido, que pagó impuestos para eso. Si se hunden las pensiones, para qué hemos pagado, se preguntarán. Y hay que pagar impuestos, si no con alegría, al menos con conciencia”, afirma De las Heras.

A pesar de todo, los ciudadanos no tienen claro todavía que se puede acudir a los servicios sociales en caso de necesidad. “Muchos no los conocen tanto como debieran, el primer apoyo lo buscan en la familia”, reconoce Ana Lima. Y aunque sepan de ellos, a muchos, como a Nuria, todavía les da vergüenza reclamar lo que les corresponde.

Carlota Pérez en la CAF

Encontrado en el blog de ‘Trabajo Social Poliético’

Interesante explicación de la actual crisis, aunque lo que se obvia es que las crisis cíclicas, del capitalismo, terminan con conflictos bélicos y perdida de la hegemonía mundial de los países del centro del sistema, en éste caso de Estados Unidos. Por otro lado, tampoco se explica que en la actual crisis financiera la acompaña otras: crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis medioambiental (José María Tortosa, 2011, Maldesarrollo y mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial).
Además, otras voces hablan de la “La quiebra del capitalismo global: 2000-2030, Ramón Fernández Durán”; o incluso de finales más apocalípticos como el filósofo francés René Girard. Pero sólo el tiempo dirá lo que pasará, mientras tanto luchemos porque sea lo mejor posible o lo menos malo.

Enseñanza recorta horas de asistencia para discapacitados en escuelas públicas (Cataluña)

Muchas familias escogen entre aceptar la reducción o contratar a un profesional. El Govern admite la pérdida de horas pero esgrime que no ha habido despidos

Fuente: elmundo.es

La Conselleria de Enseñanza de la Generalitat ha recortado más de la mitad de las horas de velador destinadas a los alumnos con discapacidad escolarizados los colegios públicos, algo que ha empezado a comunicar a los centros, según han informado a Europa Press diferentes escuelas y asociaciones de familias con hijos discapacitados.

Los colegios públicos inclusivos –en los que estudian tanto alumnos ordinarios como discapacitados– cuentan con una figura de apoyo llamado ‘velador’, cuyas horas de dedicación decide el departamento en función de las necesidades de cada niño.

Esta figura ha experimentado un retroceso muy importante en los últimos cursos, pero el próximo curso la reducción será en la mayoría de colegios consultados de la mitad, incluso algunos en más de la mitad.

De hecho, fuentes de la Conselleria de Enseñanza han admitido que el próximo curso habrá una “racionalización de las horas de velador” en las escuelas sin precisar la proporción, aunque han defendido que no se disminuye ni un solo empleo de velador, sino que éstos se repartirán más entre todos los colegios.

Según ha explicado Cristina Fernández de la Asociación Aprenem –que atiende a familias de toda Catalunya–, la reducción de horas depende de cada caso, siendo “bastante habitual la reducción a la mitad y a veces más”.

“Las familias de la asociación se encuentran mayoritariamente en esta situación: el próximo curso han recortado muy significativamente las horas de veladora asignadas a las escuelas de sus hijos”, ha dicho.

Según estas fuentes, en algunas ocasiones las escuelas aconsejan a las familias que escolaricen a sus hijos en la enseñanza especial para combatir la falta de recursos, que o lo aceptan, o tienen que costearse un profesional para ponerlo en la escuela –si esta lo acepta– o se tienen que resignar a que les “quiten” las horas anteriormente asignadas.

Precisamente, la directora del centro Bertí de l’Ametlla del Vallès (Barcelona), Flor Ferrer, ha enviado una carta a los servicios territoriales del departamento al conocer que para el próximo curso se les han asignado 15 horas de velador a repartir entre los cinco alumnos con necesidades educativas especiales frente a los 27 que recibieron el curso pasado.

“No vemos la forma de atender correctamente a los casos de niños con necesidades educativas”, explica Ferrer en la carta, en cuya escuela estudian tres alumnos de Infantil y dos de Primaria con discapacidades motrices y médicas.

“Dado que se ha dictaminado la gravedad de los casos, pedimos que se nos mantengan como mínimo las mismas horas que el curso pasado”, ha explicado Ferrer, quien además el próximo curso contará con un caso más.

Asimismo, la madre de una alumna de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mélida Lugo, –miembro de la asociación de discapacitados Papás de Álex–, ha explicado que ya el año pasado la reducción fue de 40 a 8 horas asignadas a la veladora del colegio, de las que su hija solamente recibía dos horas semanales y desconoce la repercusión del recorte para el próximo curso.

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Reflexión en vídeo

“Necesitamos pueblos más quijotescos y menos hamletianos, pueblos que dialoguen, no que monologuen”.

El capitalismo pelea recurrentemente sus crisis, al tiempo que muestra un abanico de respuestas cada vez más limitado. El Estado moderno intenta resistir los embates de soluciones más exitosas que lo desbordan territorialmente por arriba y por abajo. El pensamiento moderno, agotado en el esfuerzo de cabalgar sobre la idea de progreso, renuncia al combate y cede las soluciones racionales a supercherías, sectarismos religiosos, remedos de espiritualismo de consumo rápido y libros de autoayuda. Época de transición y confusión. ¿Puede brindar ayuda la reinvención de la política? El lenguaje es una herencia poderosa que nos habla. Biendecir es dialogar; maldecir, monologar.

Recuperar la política es desterrar los monólogos y regresar a diálogos que den sentido a la vida. Despensar los nombres de la política –democracia y gobernabilidad, desarrollo y modernización, consenso y gobernanza- para luego repensarlos al servicio de un nuevo sentido común a la búsqueda de soluciones atrevidamente humanas. Frente al auge de libros que invitan a soluciones individuales, estamos ante un libro de “autoayuda colectiva” que quiere devolver a lo político la dignidad extraviada.

(Extraído del resumen del vídeo en su página original en Youtube)